Perdieron sus casas por el huracán, pero no tenían título de propiedad. FEMA rechazó sus reclamaciones

COMERÍO, Puerto Rico (In English)

Después de 38 años de trabajar en Filadelfia, lejos de su nativo Puerto Rico, Fernando Rivera Molina se retiró y, con su esposa, regresó a las montañas de su pueblo, cumpliendo así un sueño. Pero el huracán María convirtió ese sueño en una pesadilla que no ha terminado un año después de que la tormenta devastó la isla.

Como muchos otros en su barrio rural en las afueras de Comerío, en el corazón de la cordillera central de la isla, Rivera Molina construyó él mismo una casa sencilla de bloques y techo de zinc, en un terreno junto a una carretera que tiene al lado de una colina empinada.

Después de que el ojo de María pasó por Comerío, donde le arrancó el techo a la casa y la inundó, tenía una necesidad desesperada de ayuda para repararla. Pero su solicitud de asistencia por desastre a la Agencia de Manejo de Emergencias (FEMA) fue rechazada, al igual que una apelación.

“No tenía los papeles de que soy el dueño”, dijo Rivera Molina, de 60 años, encogiéndose tristemente de hombros el mes pasado afuera de la casa, que todavía no ha sido reparada y donde ha vivido con un techo de lona durante los últimos 11 meses. “Me lo negaron dos veces”.

Rivera Molina es uno de 332,000 puertorriqueños a quienes la FEMA ha negado solicitudes de asistencia para las reparaciones en los meses siguientes al paso de la tormenta, lo que ha dejado a muchos viviendo en condiciones precarias, muchas veces en viviendas sin techo y virtualmente inhabitables un año después del desastre.

La razón fundamental de esas negativas: regulaciones y políticas de la FEMA que exigen a los beneficiarios de la asistencia que prueben que son los dueños y viven en las casas dañadas.

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Fernando Rivera Molina, de 60 años, junto a su casa parcialmente reparada en la comunidad de La Juncia, en Comerío, Puerto Rico. Voluntarios ayudaron a Rivera Molina a ponerle un techo nuevo a la vivienda después que dos veces le negaron asistencia federal porque no tiene la prueba de propiedad de la vivienda. MATIAS J. OCNER mocner@miamiherald.com

Los requisitos de la FEMA, que según los críticos, la agencia ha hecho cumplir de manera más estricta después de María, tropezaron rápidamente con la realidad peculiar de Puerto Rico, un territorio estadounidense cuyo código jurídico es un legado de siglos de gobierno colonial y costumbres españolas: a menos que la persona tenga una hipoteca o un condominio, algo que solamente tiene una minoría de propietarios en la isla, no hay necesidad de tener un título de propiedad.

Para complicar las cosas, existe una arraigada costumbre en materia de herencias, especialmente en zonas rurales, en que los traspasos de propiedad no se asientan oficialmente, sino que los familiares acuerdan informalmente, dijo Adi Martínez-Román, abogada y directora ejecutiva de la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia, un grupo sin fines de lucro con sede en la capital, San Juan, que presta servicios jurídicos a personas de bajos ingresos.

Pero como casi la mitad de las viviendas en la isla se construyeron informalmente, es decir, sin planes ni permisos, muchas veces ni siquiera tienen una dirección oficial, por lo que los evaluadores de la FEMA no pueden conciliar la vivienda con los recibos de servicios básicos, que es lo que se usa normalmente para corroborar que la persona vive donde dice.

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Eso significa que muchos propietarios legítimos no tienen forma de satisfacer las exigencias de la FEMA, aunque la vivienda sea propiedad de la familia desde hace generaciones, explicó Martínez-Román.

Y hay algo que provoca incluso más confusión, al menos a las autoridades federales, dijo Martínez-Román: el propietario de un terreno en Puerto Rico muchas veces permite a sus hijos adultos construir viviendas separadas en la propiedad sin subdividirla oficialmente, o permite que un hijo construya una adición separada o un segundo piso en una vivienda unifamiliar, todo sin permiso. Eso significa que las nuevas estructuras, aunque sean de propiedad individual, no están registradas oficialmente de ninguna manera.

Y cómo la FEMA solamente puede entregar asistencia a un dueño por propiedad, eso significa que muchos solicitantes legítimos quedan fuera mientras que un familiar recibe asistencia monetaria.

El hecho que la FEMA tiene un proceso estricto ha llevado a resultados muy diferentes, dicen Martínez-Román y otros. Algunos solicitantes han recibido paquetes de asistencia generosos, por un máximo de aproximadamente $30,000, mientras que otros en circunstancias similares han recibido unos cuantos cientos de dólares para cubrir pertenencias personales.

“La inconsistencia fue grande. No ha sido lo que esperábamos”, dijo Martínez-Román.

Incluso, cuando los solicitantes apelan, la mayor parte de las veces los rechazan, agregó. Las reglas de la FEMA dan a la agencia flexibilidad para tomar en cuenta cartas de personas “sin título oficial” de la propiedad en circunstancias especiales. Pero la FEMA ha estado rechazando estos casos, dijo, a veces porque las firmas no están notarizadas, aunque administradores de la FEMA dicen que eso no es una exigencia.

Pro Bono, un grupo de asistencia jurídica que se originó en el Colegio de Abogados de Puerto Rico, envió unas 500 cartas de ese tipo a la FEMA, pero se las devolvieron por falta de notarización. La notarización de firmas no es un asunto sencillo en Puerto Rico, donde los abogados tienen que ser abogados y el servicio es costoso y difícil de coordinar, especialmente para personas pobres en zonas rurales.

“Mucha gente se rindió”, dijo Martínez-Román. “Pero esas personas son dueños. Ese ha sido nuestro mayor dolor”.

Hace poco, la FEMA cedió. Después de meses de cabildeo, quejas y reuniones con la organización de Martínez-Román y otros grupos de asistencia jurídica, abogados de la agencia aprobaron un nuevo formulario de declaración que permite a los solicitantes sencillamente afirmar que son los propietarios de la propiedad en cuestión, y no es necesario notarizar el formulario.

Pero la FEMA no lo ha publicitado mucho, dijo Martínez-Román. Su grupo entregó en julio a los evaluadores de la FEMA que se ocupan de Puerto Rico, quienes están en Texas, un seminario web explicatorio, pero la agencia no envió ningún memorando oficial al personal que explicara la situación. Y la FEMA declinó notificar a las personas cuyas solicitudes ya habían sido rechazadas.

“La contestación fue un rotundo ‘No’. Pero no puede caer sobre nosotros informar a todo el pueblo de Puerto Rico”, dijo exasperada Martínez-Román.

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Roberto Rivera Rosario, de 75 años, debajo de un techo temporal en el primer piso de su casa, dañada por la lluvia. La vivienda de Rivera Rosario en Bitumul, en San Juan, Puerto Rico, resultó fuertemente dañada por el huracán María. MATIAS J. OCNER mocner@miamiherald.com

El temor de la abogada es que muchos nunca se enterarán de que tienen una segunda oportunidad para solicitar asistencia.

Una consecuencia del rechazo generalizado de solicitudes es que miles de personas pobres como Rivera Molina han tenido que arreglárselas como pueden o han tenido que acudir a organizaciones de caridad. Como muchos otros, Rivera Molina no se ocupó de formalidades, como permisos de construcción y títulos de propiedad, documentos que dijo nadie le pidió anteriormente.

Rivera Molina dijo que no había estado viviendo en la casa solo porque su esposa está enferma y no podía soportar las condiciones precarias, así que se está quedando con familiares en Boston. En agosto, voluntarios instalaron lo que parece ser un techo provisional de láminas de zinc y travesaños de madera en la casa, pero Rivera Molina señaló que dejaron un espacio grande entre el techo y la parte superior de las paredes. Ahora le preocupa que por ese espacio entre el agua y el viento la próxima tormenta y pierda el techo de nuevo.

Pero dijo que está agradecido de que finalmente la casa tiene techo.

“Se fueron y me lo dejaron así, pero no me quejo porque es una bendición de Dios”, dijo.

Un poco más adelante por la misma vía, Waldemar Rosado y su familia están peor. Rosado, su esposa, Yamaris Matos Agosto, y el hijo de los dos, Matthew, de 2 años, tuvieron que mudarse después que María destrozó la casa en que habían vivido desde el 2012. Ahora están apretujados en una habitación pequeña en casa de la mamá de ella.

La familia vivía en el primer piso de una casa de bloques sobre columnas hincadas en las faldas de la colina, y el hermano de él vivía en una adición de madera que le habían hecho encima. Después de que María destrozó la casa, la FEMA le dio asistencia para reubicarse, así que compró un terreno cercano y está construyendo una nueva casa.

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Waldemar Rosado, de 28 años debajo del techo parcialmente colapsado en la cocina de su casa en Comerío, Puerto Rico. Rosado y su familia no pueden vivir en la casa, que resultó severamente dañada por el huracán María en el 2017. MATIAS J. OCNER mocner@miamiherald.com

Pero la FEMA le negó asistencia a Rosado, de 28 años, quien trabaja en una fábrica de ropa en la cercana municipalidad de Orocovis. Él y su esposa no están seguros de por qué le negaron la ayuda, pero dicen que puede ser porque la vivienda —en que la familia había instalado un baño nuevo poco antes del paso de la tormenta— quizás no se puede reparar.

Debido a los daños sufridos por la adición de madera, cuando llueve el agua se filtra a la planta baja. Un árbol de mango cayó sobre una viga de apoyo y la rajó. La vivienda también tiene otros problemas serios: los inspectores dicen que la colina sobre la que está la casa puede estar cediendo. Los inspectores le dijeron a Rosado que necesita un informe de un geólogo, pero en la isla solo hay dos personas que hacen ese trabajo y hay una larga lista de espera.

Rosado también decidió cortar el servicio de agua a la casa. Aunque no estaban viviendo en ella, recibió una factura de agua de $600, otra queja común entre las víctimas de María, quienes dicen que las autoridades de los servicios de electricidad y agua siguen facturándoles, aunque no estén ofreciendo el servicio. Después de una apelación, le redujeron la cuenta a la mitad, pero Rosado tuvo que pagar $300 de todas maneras.

Como otros a quienes la FEMA negó asistencia directa, la familia acudió a un programa financiado con fondos federales y administrado por la agencia de vivienda del gobierno puertorriqueño, Tu Hogar Renace, que hace reparaciones temporales para ayudar a las personas a seguir viviendo en su casa hasta que puedan realizarse renovaciones permanentes.

El programa Tu Hogar Renace, también financiado por la FEMA, ha ayudo a muchos a quienes la agencia les negó la asistencia directa, pero algunos críticos se quejan de que las reparaciones han sido chapuceras y el programa ha sido objeto de quejas de cargos excesivos por parte de los contratistas.

El programa instaló gabinetes y un fregadero nuevo en la cocina de Rosado. Pero el techo de la cocina se ha desprendido parcialmente debido a filtraciones y ahora están preocupados de que el agua pueda dañar los gabinetes nuevos.

“Se va a dañar todo de nuevo”, dijo Rosado.

Más arriba en la colina, Merry Pérez Colón ya no puede más. Cinco personas, entre ellas su esposo, que está discapacitado, y sus hijos y nietos comparten la casa de la familia, dañada por la tormenta. El huracán arrancó parte del techo de zinc de una adición en la parte trasera de la casa de bloques, construida en las laderas de la colina. En una habitación en la parte de atrás de la casa hay varios cubos de plástico para el agua de lluvia que se filtra. Afuera, la tormenta dañó una viga y una columna de hormigón que apoyan la parte trasera de la casa sobre la colina, que ha dejado al descubierto las cabillas.

Pero no recibieron ayuda de la FEMA. Como muchos otros, no entienden por qué, aunque algunos vecinos si recibieron asistencia. Su esposo, José Rodríguez, recibe una pequeña cantidad de dinero del Seguro Social y ella trabaja en una fábrica de ventanas, pero no pueden contratar a alguien para las reparaciones sin asistencia, dijeron.

Así las cosas, a Pérez Colón no le quedó otro remedio que acometer las reparaciones ella misma, con alguna ayuda de su hijo adulto. Para recaudar dinero, la familia vendió tres cabras y un cerdo de una cría de animales, y que, cosa rara en Puerto Rico, incluía gansos y pavos. La mujer ha ido comprando poco a poco bloques y cemento para reparar cosas y construir una pared de carga en el espacio entre el piso y la superficie de tierra de la colina donde descansan la viga y la columna dañadas. Pérez Colón bromea que se ha convertido en albañil a los 51 años. Pero dijo que ha batallado por no perder el control.

“¿Que si tengo ayuda de quién?”, preguntó sarcásticamente. “No puedo sola”.

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Merry Pérez Colón, de 51 años, su hija Yeisha Zayas Pérez, de 27, y su nieta Nathanais Kamila Reyes Zayas, de 5, viven en una vivienda dañada por el huracán María en la zona de La Juncia, Comerío, Puerto Rico. Pérez Colon, cuyo esposo está discapacitado, está reparando la casa ella misma después que le negaron asistencia federal por desastres. MATIAS J. OCNER mocner@miamiherald.com

Muchos otros en la isla tienen pocas esperanzas de recibir asistencia de la FEMA porque no son dueños del terreno donde están sus viviendas.

Debido a una fuerte escasez de viviendas que se remota a varios decenios, muchas casas en las zonas rurales de Puerto Rico se construyeron ilegalmente en tierras agrícolas privadas o por parte de ocupantes ilegales en tierras del gobierno. Algunos podrían tener derechos de propiedad. Las leyes puertorriqueñas otorgan a esos ocupantes la propiedad inmediata del terreno si nadie impugna la ocupación después de 30 años. Pero pocos se preocupan de presentar los documentos necesarios para oficializar el título de propiedad, dijo Martínez-Román.

Eso es un problema incluso en San Juan, donde algunos vecindarios y comunidades ya establecidos se construyeron informalmente a lo largo de decenios. Entre los más grandes están ocho comunidades adyacentes a lo largo del Caño de Martín Peña, que serpentea por el corazón de la ciudad.

En estas comunidades, densamente pobladas, se ven lonas azules donde los vecinos sin techo siguen esperando la asistencia. Pero tienen una ventaja sobre comunidades similares: están organizadas bajo un sofisticado grupo, Proyecto Enlace, que estableció un fideicomiso que ahora es dueño de los terrenos de muchas casas, aunque las estructuras tienen propietarios individuales.

Ese fideicomiso ha permitido a Enlace ayudar a 624 familias a solicitar asistencia a la FEMA con prueba de propiedad, dijo Estrella Santiago Pérez, abogada del grupo, quien agregó que muchas solicitudes han sido rechazadas, aunque no están claras las razones.

“No hay criterios claros para saber por qué deniegan a algunos y a otros no”, dijo Santiago. “Si tienes $40,000 en daños, quizás te dan $4,000. Brega con eso”.

A los que la FEMA les niega asistencia para las reparaciones, muchas veces les ofrecen préstamos, algo que Santiago dijo, molesta a personas que apenas ganaban lo suficiente para vivir antes de la tormenta, o asistencia para mudarse a otra parte, lo que provocó temores de que María se convirtiera en un pretexto para eliminar las comunidades informales, desde hace mucho tiempo objetivo de algunos políticos.

“La gente se volvió loca”, dijo Santiago.

La asistencia típica, señaló Santiago, no es suficiente para un techo nuevo, dado que el costo de la mano de obra y los materiales de construcción ha aumentado significativamente después del paso de la tormenta impulsados por la fuerte demanda y escasa oferta, de manera que incluso los que tienen suerte de recibir asistencia de la FEMA quizás no puedan terminar las reparaciones.

Un trabajo en el techo que antes costaba $10,000, después de María cuesta fácilmente $15,000, dijo la mujer, un alza que encaja con los estimados del sector que indica que el costo de la construcción en la isla ha aumentado 40 por ciento, dijo el arquitecto Ricardo Álvarez-Díaz, ex presidente de la asociación de constructores de Puerto Rico.

Y esos son los que tienen suerte.

En la comunidad Barriada Bitumul en el Caño, Roberto Rivera Rosario, de 75 años, se queja de que la FEMA se negó de plano a darle asistencia, a pesar de que su vivienda había sufrido daños severos. Él y su esposa, Herminia, quien padece de artritis severa y diabetes, viven de un cheque de retiro de $500 del Seguro Social en una casa de bloques que él mismo construyó hace 20 años. El hombre le agregó un apartamento de madera en el techo para alquilarlo y suplementar sus ingresos, pero María arrancó el techo de zinc y destruyó el interior.

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Roberto Rivera Rosario, de 75 años, muestra fotos de la familia en su habitación dañada por la lluvia. La casa de Rivera Rosario en la Bitumul, en San Juan, Puerto Rico, fue seriamente afectada por el huracán María. MATIAS J. OCNER mocner@miamiherald.com

La FEMA le dio asistencia para mudarse a otra parte, dijo Rivera. Pero los evaluadores le dijeron que no cumple los requisitos de asistencia para reparaciones porque la vivienda de alquiler era una actividad comercial, aunque después de la tormenta, cada vez que llovía, el agua corría por las paredes de la cocina y la habitación en la planta baja, y por la escalera desde el apartamento sin techo, cubierto por una lona que no logró impedir que el agua se filtrara. Así las cosas, Herminia cayó en una depresión profunda.

“¿Tú sabes lo que es estar durmiendo y que te caiga agua, y tener que levantarte para tapar la gotera?”, preguntó.

En su lugar, dijo Rivera, le ofrecieron un préstamo para pequeños negocios. Rechazó la idea, diciendo que no podía pagarlo, especialmente sin los ingresos del apartamento de la primera planta.

“Esto va a arruinar al pobre más de lo que estaba”, dijo Rivera molesto, y criticó la falta de ayuda del gobierno. “Esto es un abuso. No hacen na’. Y el pobre, chavao”.

Finalmente, el mes pasado, Tu Hogar Renace instaló un nuevo techo de zinc en la casa de Rivera, y solucionó las filtraciones. Pero el techo no parece estar anclado a la estructura de ninguna manera y pudiera salir volando durante la próxima tormenta. El hombre ya ha gastado sus ahorros, pero todavía le hace falta poner la instalación eléctrica nueva antes que el apartamento se pueda ocupar.

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Herminia Rivera vive en una casa en Bitumul, en San Juan, Puerto Rico, cuyo techo tiene filtraciones debido a los daños sufridos durante el huracán María. MATIAS J. OCNER mocner@miamiherald.com

“Han sido unos meses devastadores”, dijo Niria Bermúdez Zaccheus, abogada de Enlace que ha trabajado con Rivera y su esposa. “Lo de FEMA no puede quedarse así. Ellos no reconocen la realidad legal de nuestro territorio. Es una cuestión de traba tras traba, y la gente desiste porque se cansa.

“Es una tarea bien ardua. Hace un año y la gente está con PTSD”.

Al igual que otros, el arquitecto Álvarez-Díaz critica el enfoque rígido de la FEMA. Pero dijo que las donaciones prometidas por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) federal, que ha asignado $20,000 millones para la reconstrucción de viviendas e infraestructura en la isla, tiene el potencial de ayudar a Puerto Rico a salir de la catástrofe en una situación mucho mejor que antes. El arquitecto alabó a funcionarios del HUD por entender las necesidades particulares de la isla.

“La FEMA no es el HUD”, dijo. “El gobierno federal se dio cuenta que Puerto Rico es un reto para ellos. La FEMA no te da dinero por una casa que construiste tú mismo sin permisos. La gente no entiende eso. Y ahí entra el HUD. Ellos se dan cuenta que la gente en Puerto Rico va a quedar al margen. La FEMA no ha probado ser muy efectiva. El HUD está diciendo ‘Estamos dispuestos a gastar dinero para hacer las cosas bien’ ”.

Pero muchos temen que los mismos problemas de títulos y propiedad que han impedido a muchos recibir asistencia de la FEMA vuelvan a presentarse de nuevo cuando llegue la hora de distribuir el dinero del HUD.

Eso es algo que Puerto Rico tendrá que solucionar, dijo Brian Sullivan, portavoz del HUD.

“Puerto Rico tiene algunos retos muy particulares”, afirmó. “Hay que establecer la propiedad [de las viviendas] para determinar que la persona que solicita la asistencia es el dueño. Eso no está claro en Puerto Rico. Hemos enviado personal allí para tratar de desenmarañar la situación”.

“A veces ni siquiera podemos usar GPS para conocer exactamente la ubicación y dirección de propiedades. Encontrar las casas es mucho más complicado que en el territorio continental. Es el Estado Libre Asociado [de Puerto Rico] el que va a tener que abordar estos retos”.

Algunos en la isla opinan que es hora de cambiar las leyes que rigen los títulos de propiedad, pero eso llevará tiempo. Mientras tanto, organizaciones de base como la fundación que lidera Martínez-Román han ampliado el esfuerzo para ayudar con las apelaciones a la FEMA y convertirla en una campaña para ayudar a los dueños a obtener títulos de propiedad oficiales, con el apoyo de donaciones de grupos nacionales e internacionales como Unidos por Puerto Rico y la Fundación Ford, entre otros.

Hasta el momento, ha probado ser un empeño inesperadamente engorroso y demorado que exige pagar a abogados para documentar las reclamaciones y solucionar contrarreclamaciones potenciales. De las 1,700 personas que han solicitado tal ayuda, dijo, los grupos que trabajan en los casos han solucionado solamente una fracción. Y eso, explicó, es solo una parte de lo que hace falta hacer.

“Estamos hablando de cientos de miles de personas”, dijo la mujer, señalando que harían falta muchos más recursos de los que están a la mano. “No damos abasto”.

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Guillermo José Torres, de 60 años, toca la guitarra en su casa frente al mar dañada por el huracán María en Playita Cortada, Santa Isabel, Puerto Rico. Torres arregló como pudo el techo que María daño, pero sigue con filtraciones. El hombre se queja de los $500 que recibió en asistencia federal no fueron suficientes para las reparaciones. MATIAS J. OCNER mocner@miamiherald.com

En el sector Playita Cortada de Santa Isabel, en la costa sur de Puerto Rico, Guillermo José Torres está listo para darse por vencido. Más de 20 casas de sus vecinos fueron arrastradas por el viento y la marea de tormenta del huracán. Así que se marcharon, junto otros a quienes la FEMA les negó asistencia, dijo.

Si pudiera, vendería su vivienda en la playa y se iría del lugar, como sus vecinos, para unirse a su hija, quien trabaja de enfermera en la Florida. Pero él y su esposa, Juana Rodríguez Torres, no pueden darse el lujo de hacerlo.

“Se fue mucha gente de aquí. No es igual que antes” dijo Rodríguez.

La FEMA les dio $500, dijeron, que no alcanzaba siquiera para reemplazar sus muebles, electrodomésticos y ropas, todo perdido cuando el agua entró a la casa, dejando una capa de arena y lodo de un pie de alto. El hombre usó el dinero para comprar un televisor y un horno de microondas, y alguien le regaló una estufa vieja.

Y olvídese de reemplazar el techo, que María destrozó. Lo ha reparado más o menos con láminas de zinc que él y sus amigos recogieron por ahí después de la tormenta, pero varias tienen huecos de la oxidación y cuando llueve el agua entra. Los suministradores locales están cobrando $50 por cada lámina de zinc nueva, el doble del precio de antes, dijo.

Y no entiende por qué su vecino recibió $4,200 de la FEMA. Esa casa ya está arreglada.

Los apagones eran algo común hasta mediados de agosto, cuando la empresa eléctrica finalmente reemplazó un transformador defectuoso cerca. Pero los aumentos de voltaje que ocurren regularmente le dañaron el televisor, el microondas y el refrigerador.

Y para colmo, un árbol cayó sobre su auto mientras él y su esposa pasaban la tormenta en un refugio cercano. Pero la compañía de seguros no lo cubrió citando una exención por huracanes.

Torres, de 60 años, dijo que puede y está dispuesto a trabajar. Es pescador a tiempo parcial, hace trabajos de carpintería y tiene licencia para operar camiones y equipos pesados. Pero no hay empleos, dijo, especialmente para personas de su edad.

Torres saca su guitarra y canta una triste décima tradicional, que compuso para contar la historia del desastre que dejó María. Pero su alegría se convierte en otra cosa cuando piensa por lo que está pasando.

“Ni FEMA ni Tu Hogar Renace me han ayudado. Se siente uno olvidado y se siente frustrado”, dijo.

“Aquí no se puede vivir más”.